Fernández de la Vega lo ha reconocido así tras el consejo de ministros, confirmando que lo suyo es pura ideología.
REDACCIÓN HO.- La vicepresidenta primera del Ejecutivo ha reconocido hoy, haciendo hincapié en ello, que los debates "ético, científico y moral" sobre el aborto "no le incumben al Gobierno". El Gobierno sabe que ese debate lo ha perdido y recurre a más demagogia, aparte de preguntarnos por qué entonces vendió su fraude del "comité de expertos", si el Ejecutivo no debe atender a estos asuntos.
Para María Teresa Fernández de la Vega, portavoz y alta representante de un gobierno que comenzó esta reforma apelando al diálogo y a que se escucharían y tendrían en consideración todas las opiniones, afirma ahora que lo que le importa al Ejecutivo es promover un legislación "respetuosa y garantista" con las mujeres. Una utopía, si se desprecia el clamor contra la reforma surgido desde los tres campos fundamentales que desprecia este Gobierno.
De la Vega contestaba así, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por si consideraba que un feto de trece semanas es un ser humano, después de que la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, sostuviera que es un ser vivo,pero que desde el punto de vista científico no podía decirse que fuera humano. La vicepresidenta agregaba que ése es un debate "científico y ético que no incumbe al Gobierno", que se ajusta a "las recomendaciones de los expertos que están homologadas en toda Europa".
En opinión de la vicepresidenta, la futura Ley de Plazos no sólo protegerá a las mujeres sino también a los "bienes jurídicos", al tiempo que supondrá una garantía para los profesionales de las clínicas abortistas y una mayor equidad de este servicio en el conjunto del Estado.
"Hay personas que siempre estarán en contra, pero no se obliga a nadie", ha comentado De la Vega, olvidando que pretenden obligar, por ejemplo, a los padres a comulgar con que el Estado les arrebatarle derecho de patria potestad, privándoles siquiera de poder acompañar a su hija o conocer que puede ser sometida a una decisión tan dramática y con tan graves consecuencias, o las amenazas que pesan sobre los sanitarios objetores que no quieran realizar abortos.
Ha insistido la vicepresidenta en que esta Ley es "mucho más garantista que la anterior" y en que "ése es el debate: más garantías y más seguridad para las mujeres" ante las "distintas posiciones científicas, éticas y morales, todas respetables". "El Gobierno no se plantea cuestiones de ciencia, sino de derecho", ha concluido.
Empezar por plantearse el respeto al derecho a la vida del no nacido, consagrado en la Constitución y que el Estado debe proteger (sentencia 53/1985 del tribunal Constitucional), sería un buen comienzo. Otorgar a la mujer seguridad con la que afrontar un embarazo no deseado, ofreciendo alternativas como la adopción o ayudas que alivien situaciones de exclusión social o penuria económica, en vez de abocarla a la tragedia que reconocen que supone siempre el aborto, pura coherencia.
REDACCIÓN HO.- La vicepresidenta primera del Ejecutivo ha reconocido hoy, haciendo hincapié en ello, que los debates "ético, científico y moral" sobre el aborto "no le incumben al Gobierno". El Gobierno sabe que ese debate lo ha perdido y recurre a más demagogia, aparte de preguntarnos por qué entonces vendió su fraude del "comité de expertos", si el Ejecutivo no debe atender a estos asuntos.
Para María Teresa Fernández de la Vega, portavoz y alta representante de un gobierno que comenzó esta reforma apelando al diálogo y a que se escucharían y tendrían en consideración todas las opiniones, afirma ahora que lo que le importa al Ejecutivo es promover un legislación "respetuosa y garantista" con las mujeres. Una utopía, si se desprecia el clamor contra la reforma surgido desde los tres campos fundamentales que desprecia este Gobierno.
De la Vega contestaba así, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por si consideraba que un feto de trece semanas es un ser humano, después de que la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, sostuviera que es un ser vivo,pero que desde el punto de vista científico no podía decirse que fuera humano. La vicepresidenta agregaba que ése es un debate "científico y ético que no incumbe al Gobierno", que se ajusta a "las recomendaciones de los expertos que están homologadas en toda Europa".
En opinión de la vicepresidenta, la futura Ley de Plazos no sólo protegerá a las mujeres sino también a los "bienes jurídicos", al tiempo que supondrá una garantía para los profesionales de las clínicas abortistas y una mayor equidad de este servicio en el conjunto del Estado.
"Hay personas que siempre estarán en contra, pero no se obliga a nadie", ha comentado De la Vega, olvidando que pretenden obligar, por ejemplo, a los padres a comulgar con que el Estado les arrebatarle derecho de patria potestad, privándoles siquiera de poder acompañar a su hija o conocer que puede ser sometida a una decisión tan dramática y con tan graves consecuencias, o las amenazas que pesan sobre los sanitarios objetores que no quieran realizar abortos.
Ha insistido la vicepresidenta en que esta Ley es "mucho más garantista que la anterior" y en que "ése es el debate: más garantías y más seguridad para las mujeres" ante las "distintas posiciones científicas, éticas y morales, todas respetables". "El Gobierno no se plantea cuestiones de ciencia, sino de derecho", ha concluido.
Empezar por plantearse el respeto al derecho a la vida del no nacido, consagrado en la Constitución y que el Estado debe proteger (sentencia 53/1985 del tribunal Constitucional), sería un buen comienzo. Otorgar a la mujer seguridad con la que afrontar un embarazo no deseado, ofreciendo alternativas como la adopción o ayudas que alivien situaciones de exclusión social o penuria económica, en vez de abocarla a la tragedia que reconocen que supone siempre el aborto, pura coherencia.
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